El bono social térmico es una ayuda anual y automática para gastos de calefacción, agua caliente y cocina dirigida a los hogares vulnerables. A diferencia del bono social eléctrico (que es un descuento en la factura de la luz), el térmico es un pago único al año que ingresa la administración para cubrir el consumo de energía destinada a usos térmicos, sea cual sea la fuente (gas, gasóleo, butano, electricidad). Lo creó el Real Decreto-ley 15/2018.
Quién lo recibe. Lo perciben automáticamente los hogares que ya son beneficiarios del bono social eléctrico a una fecha de referencia: no hay que solicitarlo aparte. Por eso, tener reconocida la condición de consumidor vulnerable en la electricidad es la puerta de entrada al bono térmico.
Cuánto es. El importe se fija cada año y varía según el grado de vulnerabilidad y la zona climática del domicilio (más frío, mayor necesidad de calefacción y mayor ayuda). Las cantidades concretas de cada campaña las publica el Ministerio para la Transición Ecológica; conviene consultar el importe vigente del ejercicio.
No confundir con el eléctrico. El bono social eléctrico es un descuento porcentual en la factura de la luz que gestiona la comercializadora; el térmico es una transferencia anual que gestiona la administración autonómica con cargo a fondos estatales. Son ayudas distintas, con normas y gestores diferentes, aunque comparten el mismo público objetivo.
Es una ayuda anual de pago único para sufragar los gastos de calefacción, agua caliente y cocina de los hogares vulnerables, con independencia de la fuente de energía. Lo creó el Real Decreto-ley 15/2018.
No. Se concede de forma automática a quienes son beneficiarios del bono social eléctrico en la fecha de referencia de cada campaña. El requisito es, por tanto, tener reconocida la condición de consumidor vulnerable en la electricidad.
El eléctrico es un descuento en la factura de la luz que aplica la comercializadora; el térmico es una transferencia anual que paga la administración para gastos de calefacción y agua caliente. Tienen normas y gestores distintos.
El importe se fija cada año y depende del grado de vulnerabilidad del hogar y de su zona climática. Las cuantías de cada campaña las publica el Ministerio para la Transición Ecológica.