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La declaración responsable es el documento en el que el solicitante declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos por la convocatoria y que dispone de la documentación que lo prueba. Permite acceder al procedimiento sin aportar de entrada todos los certificados, que la Administración puede comprobar después.
La figura se apoya en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, que define la declaración responsable, y en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, cuyo artículo 13 enumera las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario. El Real Decreto 887/2006, reglamento de la Ley General de Subvenciones, regula cómo acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
El solicitante declara habitualmente que está al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social, que no incurre en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, y que no ha recibido ayudas incompatibles para el mismo fin. La declaración sustituye la aportación inicial de muchos certificados, lo que agiliza la tramitación de la solicitud.
La Administración conserva la potestad de comprobar en cualquier momento la veracidad de lo declarado, antes o después de conceder la ayuda. Una declaración inexacta o falsa tiene consecuencias graves: puede provocar la denegación, el reintegro de lo cobrado con intereses de demora y, en su caso, responsabilidad sancionadora conforme al régimen de infracciones de la Ley 38/2003.
Sustituye la presentación inicial de muchos de ellos, pero no exime de cumplir realmente los requisitos. La Administración puede exigir los certificados en cualquier momento para verificar lo declarado, normalmente antes de resolver o de pagar.
Una declaración falsa o inexacta puede dar lugar a la denegación o al reintegro de la ayuda con intereses de demora, además de responsabilidad sancionadora. Las consecuencias se aplican aunque la inexactitud se detecte tiempo después de la concesión.
La firma el solicitante o, en el caso de personas jurídicas, su representante legal con poder suficiente. La firma electrónica mediante certificado digital es el medio habitual en la presentación por sede electrónica.
Debe ajustarse a lo que exige cada convocatoria. Las bases suelen incluir el modelo concreto con las declaraciones requeridas; usar ese modelo evita que la solicitud quede incompleta y obligue a subsanar.