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El beneficiario es la persona física, jurídica o entidad sin personalidad jurídica propia que recibe una subvención y se compromete a cumplir la finalidad para la que se le concede. La Ley 38/2003 lo define como quien realiza la actividad subvencionada o se halla en la situación que justifica el otorgamiento.
Ser beneficiario implica algo más que cobrar. La condición se adquiere al obtener la concesión y arrastra un conjunto de obligaciones que duran hasta que la ayuda queda justificada y, en su caso, firme el control posterior.
El régimen del beneficiario se recoge en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, su reglamento. La ley enumera sus obligaciones y también las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, como tener deudas con Hacienda o la Seguridad Social, haber sido sancionado con esa pérdida o no estar al corriente en reintegros anteriores.
Para serlo hay que reunir las condiciones de la convocatoria y no incurrir en ninguna prohibición legal. Una vez concedida la ayuda, el beneficiario debe destinar el dinero al fin previsto, acreditar el cumplimiento mediante la justificación, conservar los documentos durante el plazo que marque la norma, comunicar otras ayudas para el mismo gasto y someterse a las actuaciones de comprobación y control de la Administración.
Pueden ser beneficiarios los ciudadanos, los autónomos, las empresas, las entidades sin ánimo de lucro y agrupaciones como las comunidades de bienes. Las personas jurídicas pueden trasladar parte de la ayuda a sus integrantes, por ejemplo una asociación que financia actividades de sus socios, pero la responsabilidad de justificar sigue siendo de la entidad. Distinto del beneficiario es la entidad colaboradora, que gestiona fondos sin ser su destinataria final.
Si el destino no se acredita o se incumple una condición esencial, la Administración exige el reintegro de lo cobrado, con intereses de demora, sin perjuicio de posibles sanciones.
Personas físicas, personas jurídicas y, cuando la convocatoria lo admite, entidades sin personalidad jurídica como comunidades de bienes o agrupaciones. Deben cumplir los requisitos de la convocatoria y no estar afectados por ninguna prohibición legal.
Destinar la ayuda al fin concedido, justificar el gasto en plazo, conservar los justificantes, comunicar otras ayudas concurrentes y someterse a las comprobaciones de la Administración.
Sí. Tener deudas con Hacienda o la Seguridad Social, falsear datos o incumplir obligaciones esenciales puede impedir obtener la condición o provocar la revocación y el reintegro de la ayuda.
Sí. Aunque encargue trámites a un gestor o traslade parte de la ayuda a terceros, la responsabilidad de justificar y de cumplir la finalidad recae siempre sobre el beneficiario.