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La autoridad de gestión es el organismo público responsable de gestionar un programa de fondos europeos conforme al principio de buena gestión financiera. Designada por el Estado miembro, selecciona operaciones, vela por la legalidad del gasto, controla a los beneficiarios y reporta a la Comisión Europea.
Su régimen lo fija el Reglamento (UE) 2021/1060, de disposiciones comunes de los fondos para el período 2021-2027. Cada programa del FEDER, el FSE+ u otro fondo de cohesión tiene su autoridad de gestión. Junto a ella, el sistema prevé una autoridad de auditoría independiente y una función contable, de modo que la gestión, el control y la auditoría queden separados.
En España la autoridad de gestión de los programas plurirregionales suele residir en un ministerio o en un organismo de la Administración General del Estado. En los programas regionales recae en la consejería competente de cada comunidad autónoma. Sus funciones incluyen aprobar los criterios de selección, verificar que el gasto declarado es real y elegible, garantizar la pista de auditoría y prevenir el fraude y los conflictos de interés.
La autoridad de gestión puede apoyarse en organismos intermedios en los que delega parte de sus tareas, sobre todo el lanzamiento de convocatorias y la verificación de primer nivel. Aun así, conserva la responsabilidad última ante la Comisión sobre la correcta aplicación de los fondos.
Selecciona las operaciones a financiar, comprueba que el gasto es elegible, gestiona los pagos, vela por la prevención del fraude, conserva la documentación y rinde cuentas a la Comisión Europea. Es la responsable principal de que el programa se ejecute bien.
Es responsable del circuito financiero del programa, pero en la práctica los pagos a beneficiarios pueden tramitarse a través de organismos intermedios. La justificación del gasto siempre se revisa antes de declararlo a la Comisión.
No. La autoridad de gestión responde del programa europeo. El control financiero del gasto público español corresponde a la Intervención General, que aplica sus propios procedimientos, como la fiscalización previa. Ambos controles pueden concurrir sobre una misma ayuda cofinanciada.